Varios son los hechos de la coyuntura sucedidos en Octubre, Noviembre y Diciembre  que tienen que ver tanto con la esfera política como económica. Se  debate sobre la reforma del estado a través de consulta o la convocatoria de la Constituyente, se aprueba el presupuesto, hay problemas en la frontera con Colombia que afectan a las provincias del norte, el impacto del TLC a nivel territorial o los hechos referidos a la generación de energía o las empresas petroleras. Igualmente ha habido varias demandas provinciales al Estado central, en particular la movilización de Esmeraldas para conseguir recursos para obras de infraestructura[1].   

El último trimestre tuvo como telón de fondo el debate sobre la consulta popular  planteado por el Presidente Palacio y que fue enviada para su aprobación al Congreso Nacional para su aprobación. En esta consulta se incorporó la pregunta de las autonomías, reactivando un tema polémico luego de cinco años de las consultas que se realizaron en la Costa y la Amazonía. 

Nebot y varios miembros del PSC se pronunciaron que el único tema relevante de la consulta era el de autonomías, pero el Prefecto González (ID), Presidente del Consorcio de Consejos Provinciales, CONCOPE,  señaló que la pregunta es innecesaria porque, ya en la Constitución (artículos 228 a 233) y la Ley de Régimen Provincial existe el marco para aplicar las autonomías.  En general se advierte una indefinición del contenido de esta propuesta e incluso se advierte que detrás de la demanda de autonomías las elites locales negocian acceso a recursos del Estado.
Sin embargo nuevamente la iniciativa gubernamental naufragó. El Ministro de Gobierno Oswaldo Molestina, quien estaba buscaba un acuerdo con los bloques parlamentarios sobre los puntos principales de la consulta, se encontró que su Presidente se jugaba por el todo o nada, y especialmente veía como innegociable el tema de la distritalización electoral, que implicaba una reorganización del territorio y la población con fines electorales.
Posteriormente el nuevo Ministro de Gobierno (e)  Galo Chiriboga planteó una tercera iniciativa: la propuesta de Asamblea Constituyente,  procurando canalizar el apoyo de movimientos sociales y esperando que el TSE califique positivamente tal iniciativa, la cual a la postre recibió la negativa de dicho Tribunal. En ese marco se debatió las tesis de  Asamblea Constitucional o Constituyente, es decir entre una asamblea con atribuciones acotadas y una con plenos poderes. Mientras algunos diputados del PSC se manifestaron por la primera,  la segunda recibió el apoyo de los movimientos sociales e indígenas como el Ecuarunari, pero a la final varios jurisconsultos manifestaron que cualquiera de los dos caminos conducen a Roma, pues una vez reunidos los representantes podrían resolver sobre todo e incluso “refundar el Estado” como piden varios “forajidos” .  Pero a la final ninguna iniciativa gubernamental fructificó, revelando una acentuada debilidad política mientras el Congreso tampoco avanzó en su propuesta de concretar una agenda de reformas.    
Otro tema que estuvo sobre el tapete fue el conflicto interno de Colombia, que afecta directamente a las provincias de frontera como Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Carrión,  manifestó que se mantendría la línea de su antecesor Parra Gil en el marco de una política de no intervención en el conflicto interno del vecino país; el Canciller Carrión planteó que Colombia debe cuidar sus frontera y que Ecuador cuidará la suya, sin involucrarse en un conflicto que tiene mas de 40 años de duración.  Uno de los temas en debate tiene que ver con las fumigaciones de glifosato, que afecta a los habitantes ecuatorianos de las zonas limítrofes y que han sido suspendidas temporalmente. Si bien hubo una fase de distanciamiento las visitas de Uribe a Ecuador y Palacio a Colombia han  contribuido a un acercamiento, aunque no está clara la viabilidad de una agenda binacional conjunta.
A pesar de que finalmente se constituyó la nueva Corte Suprema de Justicia a finales de Noviembre, la inestabilidad institucional se mantiene, con los cambios de Ministros y con la postergación de una reforma política que genere  reglas de juego estables. Mientras tanto se comienza a vivir la atmósfera previa a una campaña política y los candidatos arman sus alianzas y equipos de campaña. Para los gobiernos locales una  campaña significa contar con recursos para obras y que los partidos consoliden posiciones en cada una de las provincias y cantones.   .
En general se vive una coyuntura de presiones, acciones de hecho e iniciativas de las autoridades locales para acceder a recursos presupuestarios. En algunos casos esto significa paros pero en otros casos, como en  la remoción de la Ministra de Economía, una alianza de los Alcaldes de las ciudades mas grandes que exigieron su salida, por sus declaraciones en torno a la necesidad de mantener la austeridad fiscal y realizar recortes presupuestarios,  incluso dosificando recursos de gobiernos locales.   En especial Jaime Nebot y Paco Moncayo, como Alcaldes de las ciudades mas importantes, han tenido una relación directa con el Presidente y han obtenido  recursos sin tener la necesidad de acciones de hecho.
Económicos

Un tema central en el último trimestre del año fue el debate sobre el presupuesto y la intención del gobierno de sacar los ingresos petroleros de la clasificación de gasto corriente, lo cual implicaba una reducción de 140 millones de dólares de transferencias a Municipios y C. Provinciales. Los  gobiernos seccionales no estuvieron de acuerdo y  se hicieron acciones de presión, consiguiendo que el Congreso ratifique el concepto de ingreso corriente para el petróleo y se mantengan esos recursos. Por cierto tanto la Ministra como varios editorialistas plantearon que los gobiernos locales asfixian las finanzas y que se crearía una inestabilidad fiscal en el país. El Observatorio fiscal señaló que los ingresos de los gobiernos locales ascienden a 1.274 millones de dólares, incluyendo FODESEC, 15%, donación del 25% del impuesto a la renta, sin embargo el criterio de los gobiernos locales se aprobó en el congreso garantizando sus ingresos. .    
 
Otro tema que se comienza a debatir en los espacios seccionales tiene que ver con el impacto del TLC. Según el Presidente del Consorcio de Concejos Provinciales, CONCOPE, en base a un estudio realizado por esa entidad, 19 de las 22 provincias saldrían perdedoras y apenas 3 saldrían  ganadoras en caso de aprobación del Tratado[2]. Se conoce el TLC tendrá efectos negativos en las áreas productoras de arroz,  azúcar, papas y maíz y en ciertos sectores manufactureros.  Luciano Martínez señala en un artículo que  cerca de 500.000 campesinos entrarán al desempleo por este motivo[3]. Los gobiernos locales no han dimensionado hasta hoy el significado de este Tratado en temas como la producción local, las inversiones, las compras del sector público, la competitividad de sus servicios, etc. 
Las negociaciones continúan sobre el tema agrícola (plazos y productos) y propiedad intelectual, así como los del atún (desgravación  en un periodo de 5 a 10 años) o apertura a productos industrializados como los textiles. De una postura que revelaba cierta dureza el gobierno está en las últimas semanas configurando una agenda que probablemente lleve a cerrar la negociación con el TLC conjuntamente con Colombia.
El tema TLC no ha sido debatido mayormente ni ha provocado mayores reacciones en el país,  pero en la última semana de Octubre se dieron varias manifestaciones indígenas en contra del Tratado. Conaie, Ecuarunari y Fenocin mostraron cierta capacidad de movilización durante varios días en la capital. Por su parte los gremios empresariales han asumido diversas posturas: los florícolas, industriales textiles han manifestado su apoyo,  mientras que los ganaderos, azucareros, arroceros y farmacéuticos han sido mas críticos. El tema TLC no ha llegado aún a definir posiciones de las fuerzas políticas ni se ha debatido en el congreso. 
Un tema que incidió en la coyuntura y que afectó especialmente al Oro y  varias provincias del sur del país fue la muerte y quiebra del negocio de préstamos del Notario Cabrera. Se conoce que al menos 30,000 clientes  invirtieron en la Notaría de Machala y muchos más los que se afectaron en sus depósitos. Esto trae a costo plazo una baja del consumo en varias zonas del país  y en muchos casos problemas en las unidades agroproductivos y  comerciales    de varios cantones y provincias. Igualmente tiene efectos políticos, dada la vinculación de sectores de las Fuerzas Armadas con la famosa Notaría. 
Otros temas que han incidido en la coyuntura tiene que ver con el proyecto de Ley de Beneficios Tributarios planteada al congreso por el PSC, que plantea la exoneración del Impuesto a la Renta -arancel cero- para importación de maquinarias, equipos y repuestos nuevos para  la generación hidroeléctrica; la refinación e industrialización de hidrocarburos, puertos y areopuertos de elevadas  inversiones.
Por otro lado el tema petrolero, que incide directamente en las provincias amazónicas,  es otro aspecto importante de la coyuntura. La Compañía General de Combustibles –argentina-  (CGC) pidió al gobierno ecuatoriano “ejercer la soberanía en todo su territorio” pues según esa empresa grupos de indígenas impiden desarrollar contratos de exploración y explotación de petróleo hace casi 10 años. Por su parte el problema con OXY, la principal empresa privada que explota petróleo en la Amazonía,  no se resuelve luego del dictamen del Procurador que señaló que fue ilegal la cesión de acciones por esa empresa sin conocimiento del Estado.
El tema eléctrico apareció en varias noticias, el  inició de la construcción de la empresa Mazar bajo control del Estado, en donde tienen participación los gobiernos seccionales del sur del país. En el campo eléctrico se discute el futuro del sistema  y en particular el déficit de las compañías distribuidoras –muchas en manos de gobiernos seccionales- que adeudan a las generadoras y que provocan déficit; varios editorialistas de los periódicos de alta circulación se han pronunciado por avanzar en la privatización del sistema eléctrico nacional.
Los gobiernos locales han desarrollado  iniciativas para acceder a fondos públicos ya sea exigiendo que se cumplan compromisos anteriores (Esmeraldas, provincias del sur). Guayaquil recibió por su parte  24,5 millones de dólares para ejecutar obras el  9 Octubre, en el acto de conmemoración de su independencia.
El creciente consumo de pollo hizo que el sector avícola obtenga un repunte en los últimos años, logro que se ve en peligro por el problema de la gripe aviar que reduce la demanda.  Datos de la Corporación de Avicultores indican que el sector tiene ventas anuales de $ 800 millones. Cerca de la mitad de  ese rubro lo facturan menos de 10 empresas que se encuentran posicionadas en el mercado a través de sus marcas comerciales. Pronaca,  una de las principales protagonistas del mercado con su marca Mr. Pollo. (y que además maneja líneas en cárnicos, acuacultura y agroindustria) vendieron 340,1 millones de dólares el año pasado.
       Ha habido dos elementos adicionales que intervienen en la coyuntura, por un lado la sequía que afectó a varias regiones agrícolas del  país y que tuvo consecuencias en la generación eléctrica de Paute y por otro cierta desaceleración de crecimiento económico en el país debido a la inflación y el crecimiento de las importaciones.   En el último trimestre también se informó de varias compras, inversiones y fusiones entre empresas, alianzas que se concentraron en el comercio, la construcción, alimentos, hidrocarburos y varios servicios.  .
En conclusión detrás de los hechos reseñados de Octubre a Diciembre aparecen algunas tendencias de coyuntura mensual que reflejan problemas de fondo del país: es evidente  la debilidad política del régimen en medio de aguas turbulentas de una crisis institucional que no revela salidas. Las idas y venidas sobre la consulta popular o la actitud reactiva del gobierno ante las presiones locales demuestran que  Palacio no tiene una agenda clara ni cuenta con apoyo político que le permita enfrentar esa crisis con un proceso de reforma consistente.  Por su parte los grupos políticos en el congreso se defienden con maniobras, sin tampoco plantear alternativas y revelando cierta  incomprensión de la gravedad de los problemas institucionales que salieron a luz en  Abril con el desplazamiento del Crnl. Gutiérrez. 
Ante la falta de canales institucionales que permitan que el Estado sea un instrumento coherente de desarrollo, los problemas locales estallan en varios puntos cardinales del país. Esta situación de conflictividad no impide,  sin embargo,  que el proceso de libre comercio avance ni que las trasnacionales sigan buscando garantías para su inversión. Las noticias sobre el TLC, el petróleo y la electricidad revelan que en el fondo el modelo aperturista avanza, en medio de una debilidad del Estado y de una economía que sigue creciendo pero que revela algunos problemas. 

[1] Es analizado en un artículo aparte

[2] Intervención del Presidente del CONCOPE y Prefecto de Pichincha Ramiro González en la firma del Convenio Flacso CONCOPE, Quito, 6 de Noviembre del 2005

[3] El empleo, talón de aquiles del TLC,  FLACSO SEDE ECUADOR, pagina web, pp6

El 12 de julio pasado, el presidente Alfredo Palacio se comprometió en la provincia de Esmeraldas a  entregar recursos para la reconstrucción vial, edificación del puente sobre el río Esmeraldas, adquisición de equipo caminero y asfaltado de vías, entre otras demandas. Pero en la realidad los ofrecimientos no se hicieron realidad, por lo que la Asamblea provincial, presidida por la prefecta decidió tomar medidas de hecho.

Reseña de la movilización

Una marcha encabezada por Lucía Sosa prefecta de Esmeraldas, y Ernesto Estupiñán, Alcalde la capital junto a los alcaldes de los cantones de Río Verde y Atacames, así como sectores estudiantiles, laborales y de organizaciones sociales, partió de Esmeraldas el 12 de octubre de 2005 con el objetivo de pedir al gobierno central la asignación de 70 millones de dólares, para obras de infraestructura. La marcha, que terminó en Quito con alrededor de 3000 personas avanzó por las poblaciones  de Chigüe, Quinindé, La Unión, La Concordia, Santo Domingo de los Colorados, Alluriquín Tandapi  y Aloag. Arribó a Quito el 24 de octubre, día en que tanto la prefecta como el alcalde mantuvieron reuniones con Galo Chiriboga, ministro de gobierno (e) y firmaron un acuerdo para la asignación de los recursos solicitados. El gobierno asignó $17.000.000 para equipo caminero, proyectos de inversión, asfalto y la declaración de emergencia vial para toda la provincia.
Conflictividad socio-política  de la movilización de octubre
 

Resulta interesante ver como en la medida en que los gobiernos locales tienen conflictos propios estos se tornan nacionales. Por un lado este proceso nos permite visualizar elementos de estructura que reordenan un contexto político histórico y por otro, entradas de estudio en torno a la problemática del poder local frente a un Estado central que termina cediendo a sus demandas. Esta circunstancia se evidencia en el proceso de movilización que se desarrolló en el mes de octubre y que terminó en un acuerdo Gobierno Central-Provincia en la consecución de presupuesto para la construcción de obras de infraestructura en la provincia de Esmeraldas. De tal manera los datos que nos proporcionan El Comercio, El Universo y La Hora dan cuenta que este conflicto local termina siendo mediatizado y trasciende al escenario nacional convirtiéndose en un punto de partida para posteriores movilizaciones.
Los actores se construyen desde una amplia gama de homogeneidad social, pero la movilización no deja de ser liderada por la Prefecta, legitimada además de su cargo de elección popular, como presidenta de la Asamblea de la provincia, y por el alcalde de la capital. Sin embargo hay una presencia significativa de estudiantes jóvenes de organizaciones sociales, miembros de comités barriales, frentes laborales, deportivos entre otros, que matizaron el escenario y tomaron el nombre de fuerzas vivas.
Tres son las fases en las que se pueden identificar los elementos centrales  del conflicto:
 

La expectativa que la noticia genera en torno al anuncio de movilización hacia la capital para pedir se asigne los recursos que el presidente prometió meses atrás, expectativa que no deja de ser mínima en los diarios de circulación nacional, pues mantienen la noticia en la sección de información provincial y la noticia mientras no empieza la marcha tiende a desaparecer. Sin embargo, y como así lo dirían los diferentes actores de la movilización, el objetivo es llamar la atención de los medios para que nacionalmente se conozca el problema y sea una forma de persuasión, para comprometer al ejecutivo con la presencia de “testigos nacionales”.
 

En el desarrollo de la movilización, la tendencia de cobertura mediática se da paso a paso, es decir hay seguimiento de marcha  de acuerdo a los distintos puntos de llegada intermedios antes de llegar a Quito. En este trayecto que contaba con la presencia de grupos estudiantiles, jóvenes universitarios, comités barriales, frentes laborales, denominados como “las fuerzas vivas”  a parte de generar la atención mediática esperada, logran que varios grupos sociales se sumen al pedido como una forma de protesta, hay una interesante postura de solidaridad tanto por los motivos de la marcha, como por la apuesta humana que significó. La convocatoria además posee un alto sentido de subjetividad social, es la marcha  “Por la dignidad del pueblo de Esmeraldas”, consigna que logra una coyuntura identitaria, que resuelve momentáneamente los conflictos internos entre actores políticos y sociales y los homogeniza por el cumplimiento de un solo objetivo. De tal modo que la marcha es vista como una movilización provincial por una causa provincial y la que de alguna forma todos los esmeraldeños se siente sino involucrados por lo pronto vinculados.

La noticia se nacionaliza y empieza a formar parte de los titulares principales de los periódicos y por tanto pasa a escenario informativo de primer orden.  Hay en la capital  una evidente cantidad de actores que ocupan un espacio territorial público  y que presionan la negociación de los gobiernos locales con el central. Si por un lado ya hubo en julio un acuerdo previo de dar recursos a la provincia por parte del ejecutivo, las autoridades esmeraldeñas estarán legitimadas en su pedido  por una provincia representada en la marcha. El desenlace de la coyuntura se resuelve con el compromiso del ejecutivo, representado por el Ministro de gobierno, para la asignación inmediata de recursos para la construcción de obras de infraestructura.
 
Una respuesta política a la reacción de la movilización, a decir de Simón Pachano es que la protesta parte de la incapacidad de responder a un plan de trabajo provincial y local que fue ofrecido y no hay recursos con que llevarse a cabo. La búsqueda de un “enemigo fuera” justifica o condiciona la asignación de los recursos para cumplir con un plan ofrecido. En este caso lo local tiende a necesitar del poder central ya que en nuestro país no existe una asignación automática de recursos. En este sentido y con este tipo de acciones si se visualiza una significativa consolidación de las autoridades provinciales y locales elegidas por representación popular frente a un papel delegativo que agoniza. El papel del gobernador por ejemplo quien constitucionalmente es el representante del Ejecutivo en las provincias, no aparece como actor dominante. En el conflicto esmeraldeño, con la movilización se provoca la salida del gobernador quien no es tomado en cuenta ni como mediador mucho menos como delegado presidencial. Este conflicto se da básicamente por dos aspectos: los pedidos locales al gobierno central tienden a ser por recursos y el gobernador no maneja recursos, y además no hay marco legal o consuetudinario que le de al gobernador un papel de coordinador de acciones entre el gobierno central al que representa frente a los gobiernos locales.
Esmeraldas es una provincia que se ha caracterizado por la presencia política del Partido Roldosista Ecuatoriano PRE, que tiende a bajar su vigencia electoral tras la caída de Bucaram (Pachano: 2006). Antes de la prefectura de Lucía Sosa y la alcaldía de Estupiñán (actualmente reelegido) 12 son los años en los que el PRE, manejó el aparataje político y administrativo de importantes cargo de elección popular. La estrategia del Movimiento Popular Democrático fue proyectar personajes reconocidos por su trabajo individual representativo junto a la idea de una izquierda que busca transformación. No le ha ido mal, Esmeraldas está experimentando procesos reales de reconstrucción social, urbana y participativa.
 

Los actores sociales que participan de la marcha van a ser determinantes a la hora de la resolución del conflicto,  pues diversos grupos sin afinidad política encuentran un espacio antropológico interesante. Si el propósito de la protesta fue la búsqueda de recursos, se transforma paulatinamente en un discurso que sugiere –o exige- nacionalmente una lectura de la representación identitaria negra, en contra de un discurso dominante. A decir de Esperanza García,  quien trabaja en una organización social y participó de la movilización, resultó gratificante ver como un pueblo puede ser leído en unidad por una demanda que actuó como factor de inclusión de diversos sectores, ideológicos, generacionales. Términos en los cuales quienes marcharon por la dignidad del pueblo de Esmeraldas los hicieron por la reivindicación social de un grupo que exige ante todo re-conocimiento y respeto.

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